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nuestros lectores
Los requerimientos dejados por Carlos Gutiérrez, Secretario de Comercio del
gobierno norteamericano, en su fugaz visita por la región, para el arranque del
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, Centroamérica y República
Dominicana (TLC USA-Ca-RD), el 1 de enero de 2006, y la aceptación expresa de
cada uno de los presidentes de esos países indica que el TLC va, o va, y para
ello apenas se cuenta con 70 días para “imponer el orden” en los sectores que
reencuentran comerciando, principalmente, con productos piratas.
El presidente Saca se comprometió a hacer las reformas necesarias en todo lo que atentara contra la propiedad intelectual, el endurecimiento a la legislación vigente sobre la piratería, y las actuaciones de oficio de las entidades judiciales del país para realizar acciones como los embargos, sin la existencia de una denuncia previa.
Lo anterior pone en peligro de extinción a los micro y pequeños empresarios y comerciantes de producto artesanal, quienes tendrán que pagar por patentar o registrar la marca de su producto y luego, introducirse a un sistema de impuestos específicos, tengan o no tengan ingresos por sus ventas, volviendo más grande el ejército de desempleos en el país ante el inminente cierre de esas fuentes de trabajo.
En este rubro se encuentran los talleres de corte y confección, de zapatería, elaboradores de dulces artesanales, los productores de medicina alternativa, entre otros.
La amenaza en mención no queda en el sector comercio, el asunto del desempleo es otro rubro que se acrecentará debido a la disparidad de salarios mínimos en la región centroamericana, lo cual hará que la población nicaragüense u hondureña, quienes al recibir en pago un salario menor al mínimo nacional salvadoreño les representará un ingreso mayor que si trabajaran en sus respectivos países de origen, desplazando la mano de obra salvadoreña, y propiciando la obligada migración de la misma hacia los Estados Unidos.
Los 30 días que se tienen para que el TLC entre en vigencia, obliga a “correr” a
los gobiernos de Centroamérica y República Dominicana pues, debían ser aprobadas
en noviembre los paquetes de reforma de ley y hasta la Constitución misma, por
las Asambleas Legislativas de esos países. Los Estados Unidos deben tener esa
noticia con tiempo para notificarla a su respectivo Congreso, de lo contrario el
TLC no arrancará en la fecha propuesta.
Nuvia Melgar
San Salvador